El abogado de 1.034 vecinos y familias solicitó a Cancillería que Chile abra una instancia de conciliación y solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La petición busca avanzar en reparación por los episodios de contaminación que afectan a la zona.
Ocho años después de los graves episodios de contaminación registrados en 2018, la búsqueda de justicia de habitantes de Quintero y Puchuncaví suma un nuevo capítulo. Esta vez, el escenario está fuera de los tribunales chilenos.
Remberto Valdés Hueche, abogado patrocinante de 1.034 vecinos y familias, envió este 17 de agosto una carta al ministro de Relaciones Exteriores. En ella solicita que el Estado de Chile se allane a la denuncia presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La petición también busca abrir una mesa de conciliación y solución amistosa ante el organismo internacional.
El caso que llegó hasta la CIDH
Según la carta, la Secretaría Ejecutiva de la CIDH transmitió al Estado de Chile la Petición P-1800-25 el 5 de febrero de 2026.
La acción plantea una vulneración de derechos fundamentales vinculados a la vida, salud e integridad personal de las personas afectadas.
El documento sostiene que la CIDH informó a los representantes, el 13 de julio, que el Estado no había respondido la solicitud de informe dentro de los plazos correspondientes.
Frente a ese escenario, Valdés pide a Cancillería cambiar el rumbo y avanzar hacia una salida colaborativa.
Una petición que apunta a la responsabilidad del Estado
Uno de los argumentos presentados por el abogado se relaciona con las actuaciones que distintos organismos públicos han desarrollado en Chile.
Valdés sostiene que el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado actuaron como partes acusadoras contra integrantes de la cadena de mando de ENAP. También menciona actuaciones de la Superintendencia del Medio Ambiente.
A partir de esos antecedentes, plantea que existiría una contradicción si el Estado adopta una posición diferente frente al organismo internacional.
La carta también cuestiona la absolución penal dictada por la Corte Suprema. En ese punto, el abogado formula reparos sobre la integración de la sala que resolvió el caso.
Se trata de cuestionamientos planteados por la representación de las víctimas y contenidos en la solicitud enviada a Cancillería.
“Diecisiete personas han fallecido esperando justicia”
El documento incorpora además un antecedente que dimensiona el paso del tiempo para las familias.
Según señala Valdés, 17 personas de la denominada zona de sacrificio han fallecido mientras esperaban justicia y reparación desde los hechos ocurridos en agosto de 2018.
La carta también menciona una querella relacionada con la Refinería Aconcagua y otra acción criminal presentada por las actuales víctimas. Esta última fue admitida a tramitación por el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, bajo el RIT 7646-2026.
La solicitud enviada al Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta además con el respaldo de integrantes de la mesa coordinadora de las víctimas.
Ahora, la petición busca que el Estado abra una vía distinta: sentarse a negociar una eventual solución dentro del sistema interamericano.
Plano General
El paso del tiempo también forma parte de esta historia. Ocho años después de la crisis de 2018, las víctimas buscan fuera de Chile una respuesta que consideran pendiente dentro del país. La decisión que adopte el Estado ante la CIDH marcará el próximo capítulo.
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