La propuesta del Gobierno para modificar la Constitución en materia de seguridad enfrenta nuevas dificultades dentro del propio oficialismo. El Partido Nacional Libertario manifestó reparos a la iniciativa y adelantó que no está disponible para respaldarla en su actual estado.
La colectividad cuestiona principalmente la efectividad de recurrir a una reforma constitucional para enfrentar los problemas de seguridad que vive el país y advierte sobre los alcances del nuevo estado de excepción que contempla el proyecto.
Vanessa Kaiser: “No estoy disponible para apoyar el proyecto”
La senadora Vanessa Kaiser abordó la iniciativa en 13C Radio y fue categórica respecto de su posición.
“A mí, en general, no me parece apoyable. A menos que se hagan reformas importantes, no me parece que resuelva los problemas de los chilenos”, señaló.
La parlamentaria reconoció que existe una fuerte demanda ciudadana por mayores niveles de seguridad, pero sostuvo que la propuesta actualmente sobre la mesa no entregaría soluciones concretas.
“Sé que estamos necesitados de seguridad, que lo que nos ofrezcan lo vamos a tomar. Pero lo que se está proponiendo no va a cambiar absolutamente nada”, afirmó.
Kaiser también cuestionó que determinadas materias sean incorporadas directamente a la Constitución.
“Yo no estoy disponible para apoyar el proyecto. Muchas cosas debieran ser materia de ley y no de reforma constitucional”, sostuvo.
Johannes Kaiser también marca distancia
La postura de la senadora coincide con los cuestionamientos expresados por el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, quien también ha manifestado reparos respecto de la creación de un nuevo estado de excepción constitucional.
A través de X, el dirigente sostuvo que su partido mantiene una posición “crítica y cautelosa” frente a cualquier medida que pueda afectar los derechos constitucionales de las personas.
Según Kaiser, un estado de excepción implica precisamente una restricción de derechos que alcanza a la ciudadanía en general y no exclusivamente a quienes cometen delitos.
Su argumento apunta a que este tipo de herramientas pueden justificarse en situaciones determinadas, como catástrofes o la necesidad de recuperar el control territorial en una zona específica, pero no deberían transformarse en una política permanente.
La preocupación por un estado de excepción de hasta ocho meses
Uno de los principales puntos de conflicto para los Nacional Libertarios es precisamente la duración y las atribuciones asociadas al nuevo mecanismo contemplado en la reforma.
Kaiser advirtió que la propuesta permitiría establecer un estado de excepción de hasta ocho meses sin necesidad de contar con el consentimiento del Congreso, además de incorporar restricciones que, a su juicio, podrían resultar demasiado amplias sobre derechos protegidos constitucionalmente.
“Un estado de excepción constitucional hace eso. Limita los derechos, no de los criminales, de todos los ciudadanos”, planteó.
El dirigente comparó esta posibilidad con la situación de la macrozona sur, donde se han aplicado estados de excepción durante períodos prolongados, y cuestionó que esa herramienta pueda convertirse en una forma permanente de administrar la seguridad pública.
“Habrá que ponerle cotos”
Pese a la distancia inicial, los Nacional Libertarios no han cerrado completamente la puerta a discutir la propuesta.
Kaiser planteó que durante la tramitación legislativa será necesario modificar aquellos aspectos que consideren problemáticos.
“En la tramitación de la reforma habrá que ponerle cotos a esto o rechazarlo si no es posible modificarlo y dejarlo aceptable”, señaló.
La posición del partido agrega así un nuevo elemento al debate político sobre la reforma constitucional de seguridad, particularmente porque el Gobierno necesita construir los apoyos necesarios para avanzar con una iniciativa que requiere un amplio respaldo en el Congreso.
Plano General
El debate deja en evidencia una diferencia que va más allá de apoyar o rechazar una determinada política de seguridad. La discusión apunta a cuánto poder excepcional está dispuesto a entregar el Estado para enfrentar el crimen y durante cuánto tiempo.
Mientras el Gobierno busca nuevas herramientas para responder a una de las principales preocupaciones ciudadanas, los Nacional Libertarios advierten que la seguridad no puede transformarse en una justificación para mantener restricciones extraordinarias de manera permanente.
La discusión recién comienza y tendrá que resolverse en el Congreso, donde el proyecto deberá encontrar un punto de equilibrio entre mayores facultades para enfrentar al crimen y la protección de los derechos constitucionales.
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