El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que el expresidente controlaría la producción de droga en el Trópico de Cochabamba y habría financiado las protestas que sacudieron al país durante mayo y junio. Morales enfrenta además investigaciones penales y órdenes de captura.
Una nueva acusación sacude el escenario político boliviano. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz apuntó directamente contra el exmandatario Evo Morales, a quien acusó de encabezar una estructura vinculada al narcotráfico que operaría desde el Trópico de Cochabamba, una de sus principales zonas de influencia política y sindical.
La denuncia fue planteada este miércoles por el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, quien sostuvo que Morales tendría control sobre la producción de droga que sale de ese territorio y que los recursos provenientes de esa actividad habrían servido para financiar las movilizaciones que paralizaron parte del país durante mayo y junio.
En una entrevista con la radio local Erbol, la autoridad fue categórica: “Evo Morales es el jefe de toda la producción de droga que sale del Trópico de Cochabamba”.
Oviedo también afirmó que en esa zona existiría una estructura de control político y económico vinculada al expresidente. “En el Trópico no se mueve ni una mosca si no lo ordena Evo Morales”, declaró.
Gobierno vincula al expresidente con el financiamiento de los bloqueos
Las acusaciones también apuntan al origen de los recursos utilizados durante las protestas que se extendieron por 53 días entre mayo y junio.
Según Oviedo, durante distintos operativos policiales se habría detectado la salida de más de ocho millones de bolivianos desde el Trópico de Cochabamba para financiar las movilizaciones.
“Los bloqueos criminales y salvajes que se dieron durante 53 días venían financiados de ese sector”, aseguró el ministro.
Las manifestaciones fueron protagonizadas por sectores campesinos, la Central Obrera Boliviana y organizaciones afines a Morales, que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Los manifestantes cuestionaban la respuesta del Ejecutivo frente a la crisis económica que atraviesa Bolivia.
El conflicto tuvo consecuencias graves: 16 personas fallecieron, la mayoría debido a la falta de atención médica provocada por los cortes de carreteras.
Durante las protestas, Morales también cuestionó públicamente al Gobierno y advirtió que el presidente tenía dos alternativas: militarizar el país o convocar a elecciones en un plazo de 90 días.
Las investigaciones judiciales que enfrenta Evo Morales
Las declaraciones del ministro se producen en un escenario judicial complejo para el expresidente.
La Fiscalía boliviana abrió una investigación penal contra Morales por presuntos delitos de alzamiento armado y terrorismo, en relación con su supuesto liderazgo en las movilizaciones y bloqueos contra el Gobierno. En esa causa existe una orden de captura en su contra.
A este proceso se suma otra investigación por presunta trata agravada de personas. En ella se le acusa de haber mantenido una relación con una menor de edad durante su mandato presidencial y de haber tenido un hijo con ella en 2016. Se trata de acusaciones que Morales no ha enfrentado mediante un proceso judicial concluido.
Desde octubre de 2024, el exmandatario permanece en el Trópico de Cochabamba, donde cuenta con el respaldo de sus seguidores. Estos mantienen una vigilancia permanente en la zona para impedir una eventual detención.
Por ahora, las nuevas acusaciones de narcotráfico formuladas por el ministro Oviedo se suman a un escenario de alta tensión política y judicial en Bolivia, mientras el Gobierno sostiene que busca esclarecer el financiamiento de las protestas y las actividades que, según sus antecedentes, operarían desde esa región.
Plano General
El caso vuelve a poner en el centro la relación entre poder político, organizaciones sociales y economías ilegales en Bolivia. Sin embargo, las acusaciones del Gobierno deberán respaldarse con antecedentes investigativos y pruebas ante la justicia. La gravedad de los señalamientos no reemplaza ese proceso: distinguir entre denuncias, investigaciones y responsabilidades acreditadas es fundamental para comprender lo que ocurre en el país.
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