Niñas de apenas tres años con VIH, embarazos adolescentes y denuncias que llevan años sin respuesta. La situación de las comunidades indígenas awajún y wampis, en la Amazonía peruana, expone graves deficiencias en la protección de menores y el acceso a la justicia.
Una grave crisis de violencia sexual infantil en Perú mantiene bajo preocupación a organismos internacionales y comunidades indígenas de la provincia de Condorcanqui, en la región amazónica.
Desde 2014 se han contabilizado cerca de 1.000 denuncias por abusos sexuales, tocamientos y violencia de género, mientras algunas organizaciones elevan la cifra hasta 1.400 casos. Muchas de estas denuncias continúan sin una respuesta judicial efectiva.
Niñas con VIH y una emergencia sanitaria
Uno de los antecedentes más alarmantes es la presencia de niñas de tres y cuatro años con VIH, cuyos contagios, según testimonios recogidos por una misión internacional, estarían relacionados con agresiones sexuales.
El Ministerio de Salud peruano registra 190 casos de VIH entre adolescentes de 14 a 19 años en estas comunidades durante el período 2014-2026.
A ello se suman embarazos adolescentes, dificultades para acceder a tratamientos médicos y una preocupante crisis de salud mental, con reportes de intentos de suicidio entre víctimas de violencia sexual.
Denuncias sin justicia y profesores investigados
La Defensoría del Pueblo documentó cientos de denuncias vinculadas a establecimientos educacionales de la zona.
Entre los antecedentes figuran cerca de 170 docentes acusados de delitos sexuales, muchos de cuyos casos, según las organizaciones denunciantes, no han avanzado judicialmente.
Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, denuncia que la ausencia de jueces, funcionarios especializados y recursos económicos dificulta la protección de las víctimas.
Organismos internacionales exigen respuestas
Una delegación del Mesecvi, mecanismo vinculado a la Organización de Estados Americanos, visitó el territorio y advirtió que la problemática supera el ámbito escolar.
Entre las medidas propuestas destacan mayores recursos para investigar los delitos, atención médica y psicológica permanente, refugios adecuados y servicios que respeten la lengua y cultura de las comunidades indígenas.
Plano General
La magnitud de las denuncias evidencia una crisis que no puede abordarse únicamente desde la persecución penal. Garantizar justicia, atención sanitaria y protección efectiva resulta fundamental para impedir que nuevas generaciones de niñas y adolescentes continúen expuestas a la violencia.
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