El nuevo informe del organismo fiscalizador detectó que 7.207 funcionarios públicos salieron de Chile mientras se encontraban con licencia durante 2025. La cifra sigue siendo alta, pero marca una fuerte caída frente a los casi 20 mil casos registrados tanto en 2023 como en 2024.
El escándalo por el uso de licencias médicas en el sector público parece haber provocado un cambio importante de comportamiento. La cantidad de funcionarios que viajaron al extranjero mientras se encontraban con reposo médico cayó 63% durante 2025, según el nuevo análisis de la Contraloría General de la República.
El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°26 identificó a 7.207 servidores públicos con registros de salidas del país durante períodos en que mantenían una licencia médica.
La diferencia con los años anteriores es considerable. En 2023 se contabilizaron 19.963 funcionarios en esa situación y durante 2024 fueron 19.597. La Contraloría realizó la comparación como parte del compromiso de revisar anualmente el fenómeno y seguir su evolución.
El efecto después de que estalló el caso
La caída se vuelve todavía más pronunciada cuando se analiza lo ocurrido después de mayo de 2025, momento en que Contraloría hizo públicos los primeros antecedentes que pusieron el uso irregular de licencias médicas en el centro de la discusión nacional.
Entre el 21 de mayo y el 31 de diciembre de 2025 se identificaron 1.497 licencias eventualmente irregulares vinculadas con viajes al extranjero.
Comparado con el mismo periodo de años anteriores, la cifra representa una disminución de 92% frente a 2023 y de 90% respecto de 2024.
Durante esos meses, 1.299 funcionarios registraron salidas del país mientras estaban con licencia médica.
El descenso muestra un cambio significativo después de las fiscalizaciones, sumarios y procedimientos iniciados a partir de los primeros informes. Sin embargo, los nuevos antecedentes también revelan que una parte de las conductas se mantuvo.
Hay funcionarios que aparecen una y otra vez
El análisis de los tres años permitió detectar casos reiterados.
Un total de 4.522 personas registraron viajes asociados a períodos de licencia médica durante dos años entre 2023 y 2025, mientras otras 566 aparecen en los tres años revisados.
Incluso después de conocerse públicamente el problema, 320 de los 1.299 funcionarios detectados viajando durante la segunda parte de 2025 ya habían aparecido en los registros correspondientes a 2023 o 2024.
Para Contraloría, esos antecedentes muestran que todavía existe un grupo con comportamiento reiterado.
El caso que abrió una fiscalización nacional
El problema adquirió dimensión nacional en mayo de 2025, cuando un informe de Contraloría estableció que 25.078 funcionarios públicos o trabajadores de entidades financiadas con recursos públicos habían salido del país durante períodos de reposo médico entre 2023 y 2024.
En total, el análisis de entonces involucró 35.585 licencias médicas y decenas de miles de registros migratorios, desencadenando investigaciones y sumarios en diferentes organismos del Estado.
El nuevo informe no incluye a funcionarios de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad. Contraloría prepara por separado la comparación correspondiente a afiliados a Dipreca y Capredena.
Los antecedentes volverán a las instituciones
La caída de los casos no significa que las fiscalizaciones hayan terminado.
Contraloría anunció que notificará a las instituciones involucradas para que instruyan los procedimientos disciplinarios correspondientes y remitirá los antecedentes a organismos como Compin, la Superintendencia de Seguridad Social, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado para que actúen dentro de sus respectivas atribuciones.
El organismo también continuará realizando revisiones periódicas.
La fotografía que deja 2025 muestra así dos caras: los casos disminuyeron drásticamente después de conocerse las fiscalizaciones, pero 7.207 funcionarios todavía registraron viajes al extranjero mientras se encontraban con licencia médica.
Plano General
El 63% de caída es significativo, pero los más de siete mil casos registrados durante 2025 muestran que el problema está lejos de desaparecer. El próximo desafío ya no será solamente detectar estas conductas, sino determinar qué ocurre con las investigaciones y sanciones derivadas de ellas.
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