La Superintendencia de Pensiones inició un procedimiento sancionatorio para determinar si las administradoras incumplieron sus obligaciones legales en la gestión de los ahorros previsionales, tras las fuertes pérdidas registradas en los fondos más conservadores.
Bajo la lupa del organismo fiscalizador
La Superintendencia de Pensiones anunció el inicio de un procedimiento sancionatorio contra las siete AFP que operan en Chile: Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, PlanVital, Provida y UNO.
La decisión surge tras el desplome de los multifondos más conservadores del sistema. Entre enero y septiembre de 2026, el Fondo E acumuló una rentabilidad real negativa cercana al 10,4%, mientras que el Fondo D registró una caída de 6,38%.
El organismo busca establecer si las administradoras incumplieron sus deberes de lealtad, diligencia y protección de los recursos pertenecientes a los afiliados, establecidos en la legislación previsional.
Inversiones internacionales bajo cuestionamiento
La controversia se relaciona con operaciones financieras conocidas como swaps, utilizadas por las AFP ante la expectativa de una disminución de las tasas de interés en Estados Unidos.
Sin embargo, las tasas aumentaron y estas inversiones perdieron valor, afectando especialmente al Fondo E, considerado el de menor riesgo del sistema.
Ante este escenario, la Superintendencia había establecido nuevos límites para reducir la exposición a instrumentos derivados.
AFP defienden sus decisiones
Desde la Asociación de AFP rechazaron que estas operaciones constituyeran una apuesta especulativa, argumentando que forman parte de una estrategia de inversión de largo plazo.
También señalaron que las mayores tasas de interés podrían compensar parcialmente las pérdidas de algunos afiliados próximos a pensionarse mediante rentas vitalicias, aunque una recuperación de los fondos no está garantizada.
El procedimiento sancionatorio deberá determinar si existieron incumplimientos normativos y eventuales responsabilidades administrativas.
Plano General
La investigación abre un nuevo capítulo en la crisis previsional. Más allá de las pérdidas, el desafío será esclarecer responsabilidades y garantizar que la seguridad de los ahorros siga siendo una prioridad.
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