La Ley 21.849 fue publicada este viernes en el Diario Oficial y establece criterios para Carabineros, la PDI y las Fuerzas Armadas. La normativa contempla distintos niveles de intervención, desde la presencia preventiva hasta el empleo de fuerza potencialmente letal.
Chile cuenta con un nuevo marco legal para regular el uso de la fuerza por parte de Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas en las funciones de seguridad que les corresponden.
La Ley 21.849, publicada este viernes 16 de octubre, establece cuatro principios fundamentales: legalidad, necesidad, responsabilidad y racionalidad.
Su promulgación estuvo precedida por una controversia ante el Tribunal Constitucional, luego de que parlamentarios de oposición cuestionaran disposiciones relacionadas con la racionalidad y el empleo de fuerza potencialmente letal.
Cinco niveles para la actuación policial
La normativa establece cinco grados de intervención para Carabineros y la PDI, asociados a la resistencia o agresión que enfrenten:
- Presencia policial: vigilancia y despliegue preventivo.
- Comunicación: diálogo, mediación y negociación.
- Reducción física: inmovilización y control de personas.
- Fuerza menos letal: utilización de medios físicos o dispositivos destinados a controlar situaciones de riesgo.
- Fuerza potencialmente letal: intervención excepcional, sujeta a las condiciones establecidas por la ley.
Los niveles no necesariamente deben aplicarse de manera consecutiva, pues la respuesta puede ajustarse a la gravedad e inmediatez de la amenaza.
Reglas especiales para las Fuerzas Armadas
Cuando participan en tareas de seguridad interior, protección de infraestructura crítica o resguardo de instalaciones militares, las Fuerzas Armadas deben cumplir ocho reglas específicas.
Estas contemplan desde medidas disuasivas y técnicas de comunicación hasta el empleo de dispositivos menos letales, munición de salva y armamento letal en las circunstancias previstas legalmente.
La normativa también prohíbe continuar ejerciendo fuerza sobre personas que ya fueron reducidas, inmovilizadas y no presentan resistencia.
Un año para completar su implementación
La ley establece un plazo de 12 meses para dictar reglamentos sobre armamento, planificación operativa y registro de procedimientos.
Mientras tanto, continuarán aplicándose las disposiciones institucionales anteriores que sean compatibles con el nuevo marco legal.
Plano General
La nueva legislación busca establecer criterios comunes para el uso de la fuerza estatal. Su aplicación será decisiva para evaluar cómo se equilibran la protección de la ciudadanía, la seguridad del personal y el respeto de los derechos fundamentales.
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