Tras la muerte de dos funcionarios en una semana, el exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez advirtió que la institución enfrenta una delincuencia con mayor poder de fuego mientras persisten déficits de armamento y protección. También cuestionó la lentitud de los procesos de adquisición y emplazó al mundo político.
La muerte de dos carabineros durante procedimientos policiales en apenas una semana volvió a instalar una discusión que lleva años acompañando el avance del crimen violento en Chile: ¿cuentan los funcionarios que patrullan las calles con el equipamiento necesario para enfrentar delincuentes cada vez mejor armados?
El exgeneral director de Carabineros Ricardo Yáñez entregó un diagnóstico particularmente crítico sobre la situación actual de la institución y aseguró que existen brechas que van desde la disponibilidad de pistolas hasta la antigüedad de algunas armas.
“Hoy no tenemos pistola para todos los carabineros”, afirmó el exjefe policial, apuntando además contra los procedimientos administrativos que regulan la compra y renovación del equipamiento institucional.
Delincuentes con cargadores extendidos frente a pistolas convencionales
Yáñez utilizó como ejemplo un reciente procedimiento ocurrido en Lo Espejo, donde el responsable portaba un arma modificada con cargador extendido.
Frente a ese escenario, explicó, un carabinero puede encontrarse utilizando una pistola cuyo cargador dispone aproximadamente de 10 a 12 municiones.
Para el exgeneral, esa diferencia evidencia cómo ha evolucionado el tipo de amenaza que deben enfrentar los funcionarios en determinados procedimientos.
“No existen protocolos ni recetas mágicas” para resolver situaciones de alto riesgo, sostuvo, especialmente cuando la criminalidad dispone de armamento con una capacidad de fuego considerable.
Sus declaraciones se producen después de que el fiscal Héctor Barros planteara también la existencia de cierta “timidez” entre funcionarios al momento de utilizar sus armas debido al temor de enfrentar posteriormente consecuencias judiciales.
“Las ametralladoras que tenemos tienen 50 años”
Yáñez fue más allá y apuntó directamente a la antigüedad de parte del arsenal disponible.
Según aseguró, algunas ametralladoras utilizadas por Carabineros tienen alrededor de 50 años, situación que vinculó con la lentitud de los mecanismos estatales para adquirir nuevo equipamiento.
A su juicio, el problema no consiste solamente en disponer de recursos, sino también en la burocracia asociada a su compra.
El exgeneral sostuvo que los procesos de adquisición de las instituciones policiales no han cambiado al mismo ritmo que las amenazas enfrentadas en las calles y que los procedimientos administrativos terminan retrasando la renovación del material.
Chalecos antibalas tampoco serían individuales para todos
Las dificultades descritas no se limitarían al armamento.
Consultado sobre la disponibilidad de chalecos y cascos antibalas, Yáñez señaló que los funcionarios desplegados en servicios operativos cuentan con elementos de protección, pero que no existirían chalecos de determinado nivel de protección para toda la dotación.
Respecto de los cascos, aseguró que existen unidades disponibles, aunque no necesariamente un elemento asignado individualmente a cada funcionario.
El debate adquiere especial sensibilidad después de las recientes muertes de uniformados durante procedimientos, hechos que nuevamente pusieron bajo observación las condiciones en que Carabineros enfrenta situaciones potencialmente letales.
El efecto de Nain-Retamal y las secuelas del estallido social
Yáñez también abordó el uso de la fuerza y las consecuencias que dejó para numerosos funcionarios el período del estallido social.
El exgeneral sostuvo que la Ley Nain-Retamal modificó el escenario jurídico relacionado con la actuación policial y recordó que durante los acontecimientos iniciados en 2019 hubo funcionarios que posteriormente enfrentaron investigaciones y consecuencias personales.
Según relató, algunos incluso debieron cambiar a sus hijos de establecimientos educacionales o enfrentaron amenazas contra sus viviendas.
El debate sobre el uso de armas policiales continúa cruzado por dos exigencias simultáneas: entregar herramientas suficientes para responder ante amenazas letales y mantener controles que garanticen que la fuerza estatal sea utilizada dentro del marco legal.
Yáñez apunta al Congreso
El exjefe policial también dirigió sus críticas hacia el sistema político.
Cuestionó la duración de las discusiones legislativas relacionadas con seguridad y aseguró que esas demoras terminan afectando a quienes deben enfrentar directamente situaciones violentas.
También abordó el malestar existente por las asignaciones económicas anunciadas para Carabineros, señalando que las expectativas generadas entre funcionarios no se habrían correspondido con el beneficio finalmente establecido.
“La clase política está al debe”, sostuvo Yáñez, planteando que proteger a quienes cumplen funciones de seguridad constituye una responsabilidad del Estado.
Una mirada similar expresó el también exgeneral director Hermes Soto, quien durante el velorio del sargento segundo Jaime Urrea Burgos pidió acelerar la renovación de vehículos y elementos de protección.
Plano General
La discusión ya no pasa únicamente por aumentar la presencia policial. Las últimas muertes vuelven a poner sobre la mesa una pregunta más concreta: con qué protección, armamento y capacidad de respuesta salen los carabineros a enfrentar una delincuencia cuyo poder de fuego también ha cambiado.
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