El proyecto contempla ocho cambios constitucionales para fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado y crear un nuevo estado de excepción de seguridad pública.
El Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado un proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad pública, iniciativa que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
El Ejecutivo solicitó suma urgencia para la tramitación, lo que establece un plazo de 15 días para su discusión legislativa. El proceso estará además condicionado por la próxima semana distrital.
La propuesta contempla ocho modificaciones a la Constitución, orientadas a ampliar las herramientas del Estado frente al crimen organizado y establecer nuevas facultades para enfrentar situaciones consideradas graves para la seguridad pública.
Las principales medidas
Entre las modificaciones planteadas se encuentra la incorporación explícita de la seguridad pública como un deber del Estado, junto con la creación de un nuevo artículo 9° bis destinado a establecer protección constitucional frente al crimen organizado.
La propuesta contempla además regímenes penitenciarios diferenciados para personas condenadas por delitos vinculados al crimen organizado, incluyendo eventuales restricciones de comunicaciones, visitas, traslados y acceso a determinados beneficios penitenciarios cuando estas medidas sean necesarias para impedir que continúen coordinando actividades ilícitas desde las cárceles.
El proyecto también plantea establecer inhabilitación perpetua para ejercer funciones o cargos públicos para quienes sean condenados por delitos vinculados al crimen organizado, además de restricciones para acceder a determinadas penas sustitutivas y beneficios penitenciarios.
Otra de las modificaciones permitiría crear, mediante una ley, registros de organizaciones criminales. La incorporación de una agrupación en estos registros podría generar efectos en la determinación de la responsabilidad penal de sus integrantes, aunque el Ministerio Público mantendría la obligación de acreditar individualmente la participación de cada imputado.
La reforma también propone entregar al Presidente de la República la facultad de declarar que una agrupación constituye una organización terrorista o de crimen organizado, previo informe fundado del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional. Esta declaración debería posteriormente ser aprobada por el Senado con un quórum de dos tercios de sus integrantes en ejercicio, en sesión secreta.
Nuevo estado de excepción
Uno de los principales componentes de la iniciativa es la incorporación de una amenaza grave e inminente o una afectación grave de la seguridad pública entre las situaciones que podrían justificar medidas constitucionales excepcionales.
En ese marco, el Gobierno propone crear un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, que podría ser declarado por el Presidente cuando exista una amenaza grave e inminente para la seguridad pública o cuando esta ya haya sido gravemente afectada.
La iniciativa comenzará ahora su tramitación en el Senado, donde deberá ser discutida dentro del plazo establecido por la suma urgencia solicitada por el Ejecutivo.
PLANO GENERAL
El Gobierno de José Antonio Kast ingresó al Senado una reforma constitucional que busca ampliar las facultades del Estado frente al crimen organizado y las amenazas graves a la seguridad pública. El proyecto, que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, fue presentado con suma urgencia y contempla ocho modificaciones constitucionales, entre ellas nuevas herramientas penitenciarias, registros de organizaciones criminales, una facultad presidencial para declarar organizaciones como terroristas o de crimen organizado y la creación de un estado de excepción constitucional de seguridad pública.
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