Allanamientos en dependencias de Junaeb y el Congreso marcaron una nueva jornada en la investigación por eventuales irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar. La Fiscalía amplió las líneas investigativas mientras aparecen parlamentarios y exparlamentarios mencionados en las diligencias.
La investigación por las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) sumó un nuevo capítulo este jueves. La Fiscalía realizó diligencias en dependencias de Junaeb y el Congreso.
La indagatoria busca determinar si existieron acciones destinadas a favorecer a la empresa SOSER en procesos para la entrega de alimentación a estudiantes beneficiarios de Junaeb.
En las diligencias han sido mencionados los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (independiente de la FREVS), además del exdiputado Hugo Gutiérrez (PC).
Que sus nombres aparezcan en la investigación no implica por sí mismo responsabilidad penal, aspecto que deberá ser determinado por el Ministerio Público y los tribunales.
Una nueva línea en la investigación
El director nacional de Junaeb, Fernando Peña, aseguró que conoció durante la mañana los nuevos antecedentes y que desconoce el grado de eventual involucramiento de las personas mencionadas.
“Que por favor se termine este círculo vicioso de años de oscuridad y cosas que le hacen daño a Junaeb”, señaló.
Según explicó Peña, la denuncia presentada inicialmente por la institución apuntaba a eventuales delitos de fraude al fisco, prevaricación, negociación incompatible y conflicto de intereses.
La investigación habría incorporado ahora otras dos figuras.
“Coimas y cohecho”, respondió el director al ser consultado por los nuevos delitos que formarían parte de las diligencias de Fiscalía.
Peña sostuvo que esta nueva arista podría complementar las hipótesis que ya estaban siendo investigadas.
Licitaciones bajo la lupa
El foco está puesto en procesos vinculados al PAE, uno de los programas centrales de Junaeb y responsable de entregar alimentación a niños, niñas y adolescentes del sistema educacional.
Las diligencias deberán ahora establecer si existieron irregularidades, quiénes eventualmente participaron y si los antecedentes reunidos configuran delitos.
Plano General
Cuando una investigación alcanza procesos destinados a financiar la alimentación de estudiantes, el problema supera cualquier disputa política. La transparencia en el uso de recursos públicos y el esclarecimiento de eventuales responsabilidades resultan especialmente relevantes cuando detrás de esos contratos existe un servicio que miles de familias utilizan diariamente.
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