El Ministerio Público presentó acusación contra Mario Meza y otros 14 imputados por una serie de operaciones realizadas durante la pandemia. La Fiscalía sostiene que el municipio fue defraudado en al menos $195 millones mediante compras directas y productos con sobreprecio.
El denominado Caso Cloro de Linares dio uno de sus pasos judiciales más importantes. Después de una investigación formalizada hace dos años, la Fiscalía presentó su acusación y solicitó 15 años y un día de presidio para el alcalde Mario Meza, a quien atribuye participación en delitos reiterados de fraude al Fisco.
La acusación presentada por la fiscal jefe de Linares, Carola D’Agostini, incluye a otros ocho funcionarios o exfuncionarios municipales y seis particulares, completando 15 acusados.
El Ministerio Público sitúa el perjuicio ocasionado a la Municipalidad de Linares en al menos $195.732.227, cifra asociada a distintas adquisiciones realizadas durante la emergencia sanitaria de 2020.
La presentación de la acusación no implica una condena. Las responsabilidades deberán determinarse durante el proceso judicial y los acusados mantienen su presunción de inocencia.
Un decreto municipal está en el centro del caso
Una de las piezas centrales de la acusación es un decreto firmado por Mario Meza el 18 de marzo de 2020, en los primeros días de la pandemia de Covid-19.
Según la tesis de la Fiscalía, mediante ese documento se declaró una situación de emergencia comunal que permitió establecer una autorización general para realizar adquisiciones mediante trato directo.
El Ministerio Público cuestiona la legalidad del mecanismo y sostiene que posteriormente se realizaron múltiples contrataciones sin recurrir a los procedimientos ordinarios contemplados por la normativa de compras públicas.
La acusación afirma que algunas operaciones terminaron favoreciendo a proveedores sin experiencia suficiente o relacionados con funcionarios municipales y que determinados productos fueron adquiridos a precios considerablemente superiores a los existentes en el mercado.
Cloro, mascarillas, test rápidos y cajas de alimentos
Aunque el expediente terminó siendo conocido públicamente como Caso Cloro, la investigación abarca varias adquisiciones efectuadas durante la pandemia.
Entre ellas aparecen bidones de cloro presuntamente adquiridos con sobreprecio, test rápidos de Covid-19 que, según la acusación, presentaban problemas y también habrían sido comprados por encima de su valor.
Se incluyen además 142 cajas de mascarillas y operaciones relacionadas con el programa municipal “Un Hogar, Una Caja de Alimentos”, donde la Fiscalía también acusa la existencia de sobreprecios.
El Ministerio Público sostiene que las distintas actuaciones no fueron hechos aislados, sino que habrían sido ejecutadas de manera concertada entre funcionarios públicos y particulares.
Esa tesis deberá ser demostrada posteriormente ante el tribunal.
Fiscalía apunta también a la falta de control
La acusación dedica especial atención al funcionamiento administrativo del municipio durante las contrataciones.
La Fiscalía señala que Meza había delegado facultades para contratar con terceros mediante un decreto de julio de 2018 en quien ejerciera como administrador municipal, cargo ocupado durante parte de los hechos investigados por John Sancho Bichet.
El Ministerio Público atribuye al alcalde no haber adoptado controles suficientes antes ni después de las contrataciones, incluso cuando, según la acusación, comenzaron a conocerse irregularidades en algunos procesos.
Sobre esa base, la Fiscalía sostiene que Meza habría consentido que la Municipalidad de Linares fuera defraudada por al menos los $195 millones establecidos en la investigación.
Las penas que solicita el Ministerio Público
Las mayores sanciones solicitadas corresponden a Mario Meza y John Sancho, para quienes la Fiscalía pide 15 años y un día de presidio, además de una multa equivalente al 50% del monto que se atribuye como defraudado y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos.
Para Francisco Parra solicita 11 años de presidio; mientras que para Mirtha Muñoz y Jorge Suazo, 10 años y un día.
En el caso de Eva Palma, Juan Carlos Soto, Antonio Díaz y Karen Avendaño, la petición alcanza los cinco años y un día.
Los particulares también enfrentan solicitudes de penas que fluctúan entre cuatro y cinco años, además de multas.
De acuerdo con la calificación jurídica presentada por la Fiscalía, los funcionarios públicos son acusados por fraude al Fisco reiterado, mientras que a los particulares se les atribuye obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
Más de 400 documentos llegarán al proceso
La magnitud del expediente queda reflejada en la prueba presentada por el Ministerio Público.
La acusación contempla 55 pruebas testimoniales, además de un perito documental y un perito contable de la PDI de Talca.
A ellos se agregan 432 pruebas documentales, junto con evidencia material que la Fiscalía pretende incorporar durante el proceso.
Será precisamente durante la preparación del juicio oral cuando las defensas puedan discutir la admisibilidad de los antecedentes presentados y ofrecer sus propias pruebas.
Meza llevará los antecedentes al Concejo Municipal
Tras conocerse la acusación, Mario Meza anunció que pondrá los antecedentes a disposición del Concejo Municipal de Linares.
El alcalde deberá enfrentar ahora la siguiente etapa judicial junto al resto de los acusados, mientras sus abogados preparan la estrategia de defensa frente a las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.
El Juzgado de Garantía de Linares acogió a trámite la acusación y programó para el 3 de noviembre la audiencia de preparación de juicio oral.
Antes de esa fecha, el Consejo de Defensa del Estado tendrá la posibilidad de adherir a la acusación presentada por la Fiscalía o formular su propia acusación y eventualmente ejercer acciones civiles.
La audiencia será clave para determinar qué pruebas podrán finalmente llegar a un eventual juicio oral.
Plano General
Después de años de investigación, el Caso Cloro abandona definitivamente su etapa inicial y comienza el camino hacia un eventual juicio. La Fiscalía ya puso sobre la mesa su tesis, más de 400 documentos y penas que llegan a 15 años de cárcel. Ahora serán los tribunales los que deberán determinar si esas acusaciones logran ser probadas.
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