Un decreto firmado por el ministro Fernando Rabat permitió adelantar en diez meses el cumplimiento de la pena de un condenado por homicidio en la Región de Valparaíso. La decisión reabre el debate sobre la legislación que permite reducir condenas por buena conducta.
Nuevo decreto en medio de la crisis
La controversia por las rebajas de condenas sumó un nuevo episodio luego de conocerse que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, firmó el 5 de noviembre un decreto que benefició a Peter Andrés Rojas Gallardo, de 40 años, condenado por homicidio simple.
El documento también registra la participación de la subsecretaria de Justicia, Josefina Soto Larreátegui, quien había asumido recientemente tras la salida de Luis Silva.
La resolución redujo en diez meses una condena de cinco años, modificando su fecha de término desde agosto de 2027 a octubre de 2026.
Un homicidio que conmocionó a Catemu
Rojas fue condenado por el asesinato de Jorge del Carmen Frez Olivares, un adulto mayor de 83 años que le había ofrecido alojamiento en su vivienda de Catemu.
Según los antecedentes judiciales, la víctima fue golpeada y posteriormente asfixiada en 2022. Su cuerpo permaneció varias semanas en el inmueble antes de ser descubierto por familiares.
El condenado registraba además antecedentes por hurto y robos, mientras que informes de Gendarmería advertían un riesgo medio de reincidencia.
Precisamente esos antecedentes habían sido considerados previamente por los tribunales para rechazar su solicitud de libertad condicional.
Gobierno defiende obligación legal
Desde el Ministerio de Justicia explicaron que la reducción fue concedida conforme a la Ley 19.856, normativa que contempla beneficios para personas privadas de libertad que acrediten comportamiento sobresaliente.
La cartera sostuvo que, una vez cumplidos los requisitos legales, no puede rechazar el beneficio únicamente por la gravedad del delito.
El caso surge mientras el Ejecutivo impulsa modificaciones al sistema de rebajas de condenas, incluida una propuesta para derogar completamente la normativa vigente.
Plano General
El nuevo decreto profundiza el debate sobre los beneficios penitenciarios y la necesidad de equilibrar reinserción, cumplimiento de penas y seguridad pública.
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