La crisis de infraestructura penitenciaria en Reino Unido llevó al gobierno a evaluar cambios en el cumplimiento de penas y acelerar la salida de algunos internos. El plan original contemplaba reducir la población carcelaria en 6.000 personas durante tres años.
La falta de espacio en las cárceles se ha convertido en un problema para el sistema penitenciario del Reino Unido, al punto de que el gobierno analiza modificaciones al cumplimiento de las condenas y mecanismos para acelerar la liberación de determinados presos.
La situación fue abordada por la periodista Marta Nuñez durante el programa Ronda de Corresponsales, de +Perfil, donde explicó que el problema se arrastra desde hace años y estaría relacionado principalmente con la falta de inversión en infraestructura penitenciaria.
Según Nuñez, no se trata simplemente de una reducción de las penas, sino de un sistema que enfrenta una capacidad insuficiente para albergar a la población penal existente.
“Este fue un plan del gobierno anterior, pero que se debe, no a una reducción de las penas en sí, sino a la asignación que hay en las cárceles”, explicó.
La periodista sostuvo además que durante décadas la infraestructura penitenciaria británica “se descuidó completamente”, generando una situación que ahora obliga al gobierno a buscar alternativas.
¿Cómo funcionaría la liberación anticipada de presos?
El debate apunta a modificar los mecanismos que permiten reducir el tiempo efectivo que algunos condenados permanecen privados de libertad.
Entre los factores considerados se encuentra el buen comportamiento de los internos. Actualmente existen mecanismos que permiten reducir una parte de la condena y, de acuerdo con lo explicado por Nuñez, el máximo de reducción podría pasar de un tercio a la mitad de la pena en determinados casos.
El gobierno, sin embargo, ha señalado que los condenados por delitos considerados especialmente graves no estarán incluidos en estas medidas.
Entre ellos se encuentran casos de feminicidio y abuso contra menores, de acuerdo con las declaraciones recogidas durante el programa.
Pese a estas exclusiones, la posibilidad de que determinados delincuentes recuperen su libertad antes de cumplir completamente sus condenas ha generado críticas entre familiares de víctimas y distintos sectores de la sociedad británica.
El caso que encendió la polémica
Uno de los episodios que ha provocado mayor rechazo está relacionado con el asesinato de un policía ocurrido en 2019.
La eventual posibilidad de que algunos de los responsables puedan acceder a mecanismos de liberación anticipada generó una fuerte reacción pública.
“Eso ha causado ultraje en la sociedad”, explicó Nuñez.
La situación adquiere además una dimensión particular en Reino Unido debido a la relación que existe entre la ciudadanía y las fuerzas policiales.
“Aquí se respeta y se quiere a la policía”, señaló la periodista, quien explicó que, salvo situaciones excepcionales, los policías británicos no portan armas de fuego de manera habitual.
El plan contempla reducir en 6.000 la población penitenciaria
El plan original consideraba una reducción de aproximadamente 6.000 personas en la población penitenciaria durante un período de tres años.
La propuesta está siendo revisada por el actual gobierno, que busca establecer límites a las liberaciones y definir qué condenados podrían acceder a estos mecanismos.
El problema de fondo, sin embargo, permanece: las cárceles británicas no cuentan con suficiente capacidad para absorber la demanda del sistema.
La discusión también alcanza a personas condenadas por delitos de menor gravedad, para quienes las autoridades evalúan distintas alternativas ante la falta de plazas disponibles.
El dilema de construir nuevas cárceles
La otra salida parece evidente: aumentar la capacidad del sistema penitenciario mediante la construcción de nuevos establecimientos.
Pero allí aparece otro problema.
Las nuevas cárceles, especialmente aquellas destinadas a internos de alta peligrosidad, requieren importantes niveles de seguridad y, por lo tanto, inversiones significativas.
“Para construir estas cárceles, en muchos casos que tienen que ser de gran seguridad, la pregunta es ¿dónde está el dinero? Y esa es la pregunta que se está haciendo”, planteó Nuñez.
Así, Reino Unido enfrenta una disyuntiva que combina hacinamiento, infraestructura insuficiente, recursos públicos y seguridad.
El desafío para las autoridades será encontrar un equilibrio entre descongestionar las prisiones y evitar que las medidas adoptadas terminen generando nuevas tensiones en materia de seguridad y confianza ciudadana.
Plano General
La situación del Reino Unido muestra que una política penitenciaria no se sostiene únicamente aumentando las condenas o endureciendo las leyes. También necesita infraestructura, planificación y recursos suficientes para hacer cumplir esas penas.
El problema británico plantea una discusión que resulta familiar para otros países: ¿qué ocurre cuando el Estado aumenta su capacidad de persecución penal, pero no tiene suficientes cárceles para recibir a quienes son condenados?
La experiencia británica deja una señal clara: la política penitenciaria requiere planificación de largo plazo. Construir nuevos recintos, definir dónde estarán y financiar su operación puede tomar años. Cuando la falta de capacidad llega al límite, las decisiones terminan siendo mucho más urgentes —y políticamente más difíciles—.
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