El ministro Fernando Rabat informó que gran parte de las peticiones corresponde a hechos ocurridos en 1973. El Gobierno descartó, por ahora, poner el foco en una ley de indulto general o de amnistía y aseguró que cada solicitud será evaluada individualmente.
El Ministerio de Justicia mantiene en revisión más de 100 solicitudes de indulto, según confirmó el titular de la cartera, Fernando Rabat.
En conversación con “Mesa Central” de T13, el secretario de Estado explicó que las carpetas están siendo ordenadas y que un número importante ya se encuentra en su escritorio para ser analizado.
Rabat precisó que la mayoría de las solicitudes está relacionada con hechos ocurridos en 1973, mientras que aquellas vinculadas al estallido social representan una cantidad significativamente menor.
Sin plazo para resolver las solicitudes
El ministro explicó que la legislación no establece un plazo específico para completar la revisión y agregó que tampoco se ha impuesto una fecha límite para resolverlas.
Según Rabat, cada expediente requiere un estudio cuidadoso que permita adoptar una decisión tanto para aprobar como para rechazar la respectiva petición.
“No hay un plazo establecido en la ley y yo no tengo un plazo autoimpuesto”, señaló, enfatizando que alcanzar una convicción respecto de cada caso puede requerir un proceso prolongado.
Gobierno optará por revisar cada caso
Respecto de la posibilidad de avanzar hacia fórmulas generales, Rabat señaló que actualmente el Ejecutivo no tiene puesto su foco en una ley de indulto general ni en una ley de amnistía.
El procedimiento escogido será, en cambio, individual.
El ministro aseguró que el tema ya ha sido conversado con el Presidente de la República y que las decisiones se adoptarán considerando los antecedentes contenidos en cada carpeta administrativa.
“Vamos a respetar el caso a caso”, afirmó.
Plano General
Las más de 100 solicitudes pendientes abren una discusión política y jurídica particularmente sensible debido a que la mayoría está relacionada con hechos de 1973. La decisión del Gobierno de examinarlas individualmente traslada ahora el foco hacia los antecedentes y fundamentos de cada petición, sin establecer por el momento un calendario para resolverlas.
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