Katie Zacharia, recién nombrada secretaria de Prensa de la Casa Blanca, reconoció que nunca obtuvo la habilitación profesional para ejercer la abogacía. Una organización solicitó investigar si utilizó indebidamente el título de abogada.
La nueva vocera del presidente estadounidense Donald Trump, Katie Zacharia, enfrenta cuestionamientos por sus credenciales profesionales luego de reconocer públicamente que no aprobó el examen necesario para ejercer como abogada.
La controversia surgió a menos de una semana de asumir como secretaria de Prensa de la Casa Blanca, después de que se revisaran antecedentes de su trayectoria y declaraciones en las que se había presentado como profesional del ámbito jurídico.
Un título universitario que no equivale a una licencia
Zacharia, de 41 años, se graduó en Derecho de la Universidad Pepperdine en 2011. Sin embargo, en Estados Unidos obtener ese título no habilita automáticamente para ejercer como abogada.
Durante una entrevista con Sean Hannity en Fox News, confirmó que había rendido el examen profesional sin aprobarlo y que nunca volvió a presentarse.
La funcionaria explicó que posteriormente se trasladó a China junto a su esposo y que sus prioridades familiares y laborales cambiaron.
También sostuvo que su experiencia le permite realizar análisis jurídicos, aunque distinguió esa actividad de la asesoría legal profesional.
Solicitan investigar sus credenciales
La organización Campaign for Accountability pidió al Colegio de Abogados de California revisar si Zacharia utilizó indebidamente la denominación de abogada sin contar con licencia.
La solicitud no constituye una determinación de responsabilidad ni acredita por sí misma que haya cometido una infracción.
El cuestionamiento surge especialmente por sus referencias a trabajos jurídicos realizados en China y su participación como asesora de una organización conservadora.
Un comienzo bajo escrutinio
Zacharia reemplazó a Karoline Leavitt, quien dejó el cargo en agosto. Su primera conferencia de prensa fue breve y contempló preguntas de solo tres periodistas.
Plano General
La controversia pone el foco en la precisión de las credenciales profesionales de quienes ejercen funciones públicas. La diferencia entre poseer estudios jurídicos y estar habilitado para ejercer la abogacía resulta fundamental para evaluar las declaraciones de la nueva vocera.
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