Diputados solicitaron a la Fiscalía Nacional investigar posibles delitos en las rebajas de condenas a responsables de delitos sexuales contra menores. La ofensiva se suma a la acusación constitucional anunciada contra el ministro de Justicia.
La controversia por las rebajas de condenas a condenados por delitos sexuales contra menores abrió un nuevo frente para el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Tras anunciar una acusación constitucional, parlamentarios de oposición solicitaron investigar eventuales responsabilidades penales en las decisiones adoptadas por la autoridad.
Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) pidieron al fiscal nacional designar un persecutor especial para determinar si existió prevaricación administrativa en la firma de decretos que habrían permitido reducciones de penas contrarias a la legislación vigente.
Cuestionamientos a las explicaciones del ministro
La oposición también acusó a Rabat de entregar antecedentes incorrectos durante una sesión especial del Congreso.
El secretario de Estado mencionó un decreto de 2025, correspondiente al gobierno anterior, como precedente de una decisión similar. Sin embargo, parlamentarios cuestionaron la comparación, señalando que aquel caso involucraba a una víctima adulta y no a un menor de edad.
La presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, criticó las declaraciones del ministro y cuestionó la responsabilidad con que ha abordado la controversia.
Defensoría de la Niñez pide resguardar a las víctimas
El defensor de la Niñez, Anuar Quesille, informó que el organismo solicitó antecedentes al Gobierno para evaluar las consecuencias de las rebajas de condenas.
La institución puso especial atención en la protección de las víctimas, su acceso a atención de salud mental y las medidas necesarias para evitar eventuales contactos con sus agresores.
Por su parte, la exministra del Interior Carolina Tohá cuestionó las explicaciones del Ejecutivo y advirtió sobre el impacto de la controversia en la confianza pública.
Plano General
La oposición busca trasladar el caso Rabat desde el ámbito político al judicial. La acusación constitucional se presentaría la próxima semana, mientras la eventual investigación penal dependerá de las decisiones de la Fiscalía.
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