El Ejecutivo respaldará un proyecto que propone derogar la Ley 19.856, vigente desde hace más de dos décadas. La iniciativa busca terminar con el beneficio de reducción de penas por buena conducta para todos los condenados.
En medio de la controversia por las rebajas de condena concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores y narcotráfico, el Gobierno confirmó que impulsará la eliminación completa de este beneficio, establecido en la Ley 19.856.
El subsecretario general de Gobierno, Gonzalo Arenas, sostuvo que el mecanismo está vigente desde 2003 y que sus consecuencias abarcan distintas administraciones, por lo que rechazó atribuir su aplicación exclusivamente al actual Ejecutivo.
“Las personas que se acogieron al beneficio de rebaja de condenas vienen del año 2003; no fue este gobierno el que ha dejado libres a personas”, afirmó durante una vocería.
Ejecutivo respaldará proyecto del Senado
Arenas confirmó que el Gobierno patrocinará la iniciativa presentada por los senadores Andrés Longton (RN), Arturo Squella (Partido Republicano), Karim Bianchi (independiente) y Pedro Araya (PPD).
La propuesta busca derogar completamente la Ley 19.856, eliminando la posibilidad de reducir condenas por buena conducta, sin limitar la medida a determinados tipos de delitos.
Además, el Ejecutivo anunció que otorgará discusión inmediata al proyecto, con el objetivo de acelerar su tramitación legislativa.
Posibles reincidencias bajo cuestionamiento
El subsecretario también abordó la posibilidad de que personas beneficiadas con reducciones de pena hayan reincidido después de recuperar su libertad.
Aunque reconoció que podrían existir situaciones de este tipo, aclaró que no dispone de antecedentes completos para establecer su alcance.
La controversia ha reabierto el debate sobre los mecanismos de reinserción social, los criterios para reducir condenas y la responsabilidad de las instituciones involucradas en su aplicación.
La eventual derogación deberá ser discutida y aprobada por el Congreso antes de convertirse en ley.
Plano General
La propuesta busca poner fin a un mecanismo vigente por más de 20 años, mientras el debate legislativo enfrenta las demandas de seguridad pública con los objetivos de reinserción penitenciaria.
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