Cuatro parlamentarios de oposición solicitaron al Gobierno informar si ciudadanos extranjeros beneficiados con rebajas de condena fueron expulsados de Chile o permanecen en el país. La controversia involucra casos de narcotráfico y delitos violentos.
Un grupo de diputados de oposición solicitó al Gobierno esclarecer la situación migratoria de ciudadanos extranjeros que recuperaron su libertad durante 2026 tras acceder a rebajas de condena, especialmente aquellos sentenciados por delitos vinculados al narcotráfico.
Los parlamentarios Juan Santana (PS), Consuelo Veloso (FA), César Valenzuela (PS) y Marcos Barraza (PC) enviaron un oficio al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, para determinar si se ejecutaron las expulsiones que eventualmente correspondían.
La solicitud surge luego de conocerse antecedentes sobre al menos 115 decretos que beneficiaron a personas condenadas por infracciones a la Ley de Drogas.
¿Fueron expulsados o permanecen en Chile?
Los legisladores buscan establecer cuántos extranjeros tenían órdenes de expulsión vigentes al recuperar su libertad, cuántos abandonaron efectivamente el territorio nacional y cuántos continúan en Chile.
El diputado Juan Santana cuestionó si el Ejecutivo realizó los procedimientos administrativos necesarios para concretar las expulsiones.
Por su parte, Marcos Barraza sostuvo que conocer el paradero y la situación legal de estas personas resulta fundamental para determinar eventuales responsabilidades políticas.
Casos de narcotráfico bajo revisión
Entre los antecedentes mencionados figuran un ciudadano colombiano condenado por transportar 52 kilos de pasta base, un boliviano relacionado con más de una tonelada de droga y un venezolano detenido con 32,7 kilos de ketamina.
El requerimiento también considera a tres ciudadanos venezolanos condenados por robo con intimidación en La Serena, quienes habrían recuperado su libertad tras obtener reducciones de pena.
La diputada Consuelo Veloso solicitó que el Ejecutivo informe las medidas adoptadas, mientras César Valenzuela cuestionó la gestión gubernamental en materia de seguridad.
Hasta ahora, la información presentada no permite establecer cuántos de los beneficiados permanecen en Chile ni si existen nuevas condenas por reincidencia.
Plano General
La solicitud parlamentaria amplía la controversia por las rebajas de condena y pone el foco en el cumplimiento de las medidas migratorias y la responsabilidad administrativa del Estado.
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