El Ministerio de Justicia anunció la suspensión de nuevos trámites para reducir penas, tras la controversia por beneficios otorgados a condenados por delitos sexuales contra menores y crímenes de la dictadura. El Gobierno impulsará reformas legales con discusión inmediata.
El Ministerio de Justicia anunció este viernes 23 de octubre la suspensión de la tramitación de decretos de reducción de condenas, en medio de los cuestionamientos por beneficios concedidos a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La decisión representa un cambio en la postura de la cartera encabezada por Fernando Rabat, que anteriormente había defendido las rebajas argumentando que su otorgamiento respondía a obligaciones legales.
Reconocen vacío en la legislación
Según informó el ministerio, una revisión de la normativa permitió identificar un vacío legal relacionado con las restricciones introducidas en 2022 y su aplicación a condenados por hechos anteriores a esa reforma.
El ministro Rabat explicó que el Ejecutivo promoverá modificaciones para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores continúen accediendo a estos beneficios.
Mientras se tramitan las iniciativas, la cartera mantendrá suspendidos los procedimientos administrativos correspondientes.
Sin embargo, no se informó cuánto durará la medida ni si afectará a solicitudes relacionadas con otros delitos. Tampoco se anunció la revocación de beneficios ya concedidos.
Los casos que desataron la controversia
La polémica surgió tras conocerse que, durante la actual administración, se habían dictado 56 decretos de reducción de condenas por delitos sexuales contra menores: 27 correspondientes a abuso sexual y 29 a violación.
Posteriormente, se revelaron beneficios asociados a delitos de secuestro calificado y tortura, incluidos casos de internos de Punta Peuco.
Entre ellos figura César Acuña Luengo, exagente de la CNI condenado por secuestros de detenidos desaparecidos, cuya pena fue reducida en 19 meses.
Gobierno anuncia cambios legales
Las modificaciones propuestas contemplan revisar las causales de exclusión, los requisitos para acceder a reducciones de condena y las disposiciones aplicables según la fecha de los delitos.
También se buscará garantizar que las víctimas puedan ser escuchadas durante estos procedimientos.
Paralelamente, el Ejecutivo anunció que impulsará el proyecto de creación de Tribunales de Ejecución de Penas, actualmente en tramitación en el Senado.
Plano General
La suspensión abre una nueva etapa en la controversia por las rebajas de condenas. El desafío será aclarar el alcance de los beneficios ya otorgados y establecer reglas que entreguen certeza jurídica y consideren los derechos de las víctimas.
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