A la controversia por 56 reducciones de penas a condenados por delitos sexuales contra menores se suman nuevos antecedentes sobre beneficios otorgados a internos de Punta Peuco por secuestro calificado y tortura. El Ministerio de Justicia enfrenta cuestionamientos por los criterios utilizados.
La polémica por las rebajas de condenas concedidas durante el gobierno del presidente José Antonio Kast sumó un nuevo capítulo, luego de conocerse que dos internos de Punta Peuco recibieron reducciones de sus penas por delitos de secuestro calificado y tortura.
Según antecedentes recopilados por BioBioChile, el Ministerio de Justicia firmó tres decretos relacionados con estos delitos desde el 11 de marzo. Dos corresponden a personas recluidas en el recinto penitenciario de Til Til, mientras que el tercero no precisa el establecimiento donde cumple condena el beneficiado.
Persisten dudas sobre los beneficiados
Los documentos conocidos hasta ahora no identifican a los internos favorecidos, las causas judiciales correspondientes ni la cantidad de tiempo descontado de sus condenas.
La información amplía los cuestionamientos que enfrenta el ministro de Justicia, Fernando Rabat, luego de conocerse otras 56 reducciones de penas otorgadas a condenados por delitos sexuales contra menores.
Qué establece la legislación
La Ley 19.856 contempla beneficios de reducción de condena para internos que acrediten comportamiento sobresaliente y cumplan determinados requisitos legales.
El procedimiento considera evaluaciones sobre conducta, educación, trabajo y rehabilitación, realizadas por una comisión especializada, además de la revisión administrativa de los antecedentes.
Sin embargo, todavía no se conocen los informes específicos que respaldaron las decisiones relacionadas con Punta Peuco.
La controversia jurídica
El Ministerio de Justicia ha sostenido que corresponde otorgar estos beneficios cuando se cumplen las condiciones establecidas por la legislación.
No obstante, BioBioChile identificó fallos de la Corte Suprema que respaldaron la denegación de reducciones de condena en determinadas causas por delitos sexuales anteriores a la reforma de 2022.
Estos antecedentes no establecen por sí mismos irregularidades en los decretos cuestionados, pero abren interrogantes sobre la interpretación jurídica aplicada por la cartera.
Plano General
El debate sobre las rebajas de condenas exige transparencia respecto de los beneficiarios, los antecedentes evaluados y las decisiones adoptadas. Conocer esos elementos resulta fundamental para determinar si los procedimientos se ajustaron a la ley.
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