El fiscal general boliviano Roger Mariaca, fue detenido junto a otros 13 involucrados en un operativo que apunta al corazón del Ministerio Público. El gobierno lo acusa de encabezar una estructura destinada a proteger al narcotráfico, mientras su entorno denuncia una detención ilegal y el propio Mariaca había atribuido las acusaciones a presiones políticas.
En apenas unos días, Mariaca pasó de encabezar el Ministerio Público de Bolivia a quedar detenido y bajo investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico.
La caída del fiscal general se produjo durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves, cuando las autoridades bolivianas desarrollaron un operativo que terminó con 14 personas detenidas, entre ellas altos funcionarios de la Fiscalía.
El gobierno boliviano sostiene que detrás del caso existiría una estructura criminal instalada dentro del propio sistema de justicia. Las acusaciones incluyen presunta organización criminal, lavado de activos y narcotráfico.
Mariaca, sin embargo, había rechazado previamente las imputaciones provenientes de Estados Unidos y las relacionó con presiones por investigaciones que involucraban a figuras vinculadas al poder político.
Estados Unidos movió primero
La detención ocurrió apenas días después de que Washington adoptara medidas contra Mariaca.
Estados Unidos lo acusó de haber abusado de cargos públicos, presuntamente solicitando y recibiendo sobornos para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico y ayudar a personas vinculadas con delitos violentos a evitar la justicia.
La medida estadounidense incluyó restricciones migratorias contra funcionarios y exfuncionarios bolivianos señalados por presunta corrupción o vínculos con actividades relacionadas con el narcotráfico.
Mariaca respondió antes de su detención asegurando que su trabajo como fiscal había incomodado a determinados sectores dentro y fuera de Bolivia. También defendió que las investigaciones judiciales debían continuar sin presiones políticas nacionales o internacionales.
La sombra de Sebastián Marset
Uno de los nombres centrales detrás de las acusaciones es el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Mariaca había sido fiscal departamental de Santa Cruz cuando Marset se encontraba radicado en Bolivia. En julio de 2023, un amplio operativo policial intentó capturarlo, pero el narcotraficante consiguió escapar.
Aquella fuga provocó cuestionamientos contra distintas instituciones bolivianas. Mariaca rechazó entonces cualquier responsabilidad y sostuvo que precisamente una investigación desarrollada por la Fiscalía de Santa Cruz había permitido llegar hasta el entorno del narcotraficante.
Ahora el gobierno boliviano sostiene una versión completamente diferente. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, acusó públicamente a Mariaca de haber actuado como protector y colaborador de Marset.
Las autoridades deberán demostrar esas acusaciones durante el proceso judicial. También deberá establecerse hasta qué punto la supuesta red penetró en el Ministerio Público y si efectivamente existieron acciones destinadas a obstaculizar investigaciones contra organizaciones criminales.
El caso que Mariaca decía que estaba detrás de las acusaciones
Pero existe otra arista que añade tensión política al caso.
Antes de ser detenido, Mariaca vinculó las acusaciones provenientes de Estados Unidos con investigaciones impulsadas durante su gestión. Entre ellas destacó el denominado caso Cerimedo, relacionado con el consultor político argentino Fernando Cerimedo.
La investigación comenzó después de que la abogada Nadia Beller sobreviviera a un ataque armado en agosto. Desde el hospital, Beller acusó a Cerimedo de haber ordenado su asesinato, imputación que derivó en una investigación de la Fiscalía.
Cerimedo había adquirido notoriedad por su participación en campañas políticas y posteriormente trabajó como asesor del presidente boliviano Rodrigo Paz.
Mariaca sostuvo que las acciones en su contra podían constituir una represalia por avanzar en ese expediente. Se trata de su interpretación de los hechos y contrasta directamente con la versión del gobierno, que atribuye su detención a presuntos delitos vinculados con corrupción y narcotráfico.
La Fiscalía denuncia una detención ilegal
La controversia aumentó después del arresto.
Desde la propia Fiscalía General se denunció públicamente que la intervención contra Mariaca habría sido ilegal. El cuestionamiento abre un nuevo frente institucional en un caso donde el organismo encargado de perseguir delitos terminó con su máxima autoridad bajo custodia.
Estados Unidos, por su parte, manifestó posteriormente su respaldo a las acciones adoptadas por el gobierno de Rodrigo Paz contra el narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado transnacional.
El escenario deja ahora dos relatos enfrentados que deberán resolverse mediante la investigación: un gobierno que acusa al fiscal general de haber protegido estructuras criminales y un fiscal que, antes de ser detenido, sostenía que estaba siendo objeto de presiones relacionadas con las causas que investigaba.
Plano General
El caso Mariaca golpea directamente la credibilidad del sistema judicial boliviano. Las acusaciones son graves, pero todavía deben ser acreditadas: determinar si existió una red de protección al narcotráfico dentro del Ministerio Público será ahora una de las pruebas institucionales más importantes para Bolivia.
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