El Presidente instruyó activar los mecanismos legales para expulsar a ciudadanos extranjeros involucrados en los desórdenes registrados durante el séptimo aniversario del estallido social. La medida coincide con el avance de un proyecto que busca agilizar las expulsiones administrativas.
El presidente José Antonio Kast anunció que instruyó al Ministerio del Interior y al Servicio Nacional de Migraciones utilizar las herramientas legales disponibles para gestionar la expulsión de extranjeros que participaron en los incidentes registrados el domingo 18 de octubre en Santiago.
La decisión fue comunicada durante la noche del lunes, luego de una jornada marcada por enfrentamientos y hechos de violencia asociados a la conmemoración del séptimo aniversario del estallido social de 2019.
Siete extranjeros entre los detenidos
De acuerdo con los antecedentes informados, durante la jornada se registraron 43 incidentes violentos y 110 personas detenidas, de las cuales 25 eran menores de edad y siete correspondían a ciudadanos extranjeros.
A través de su cuenta de X, el Mandatario manifestó que su administración no permitirá que ciudadanos de otros países participen en actos violentos que alteren el orden público.
Asimismo, confirmó que instruyó a las instituciones correspondientes evaluar y utilizar los procedimientos administrativos y legales para concretar las expulsiones que resulten procedentes.
Avanza proyecto para agilizar expulsiones
En paralelo, Kast destacó la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del informe de la comisión mixta sobre modificaciones a los procedimientos de expulsión administrativa.
La propuesta recibió 128 votos a favor, 11 en contra y ninguna abstención, quedando pendiente su revisión por el Senado.
Entre sus disposiciones se contemplan nuevas facultades para la Policía de Investigaciones, reducción de determinados plazos para presentar reclamaciones y mayores restricciones para el reingreso al territorio nacional.
La iniciativa busca facilitar la ejecución de medidas migratorias, manteniendo su aplicación sujeta a los procedimientos establecidos por la legislación.
Plano General
El anuncio presidencial vincula los incidentes del 18-O con la política de control migratorio. La eventual expulsión de los involucrados deberá resolverse individualmente, conforme a la ley y las garantías del debido proceso.
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